. nota de Osvaldo Nemirovsci, político radicado en Bariloche. Excoordinador general del Consejo de Televisión Digital Terrestre en Argentina (TDA) ARSAT y exdiputado nacional (2003 /2007)
El acuerdo suscrito entre el Gobierno nacional y la empresa Starlink, para dotar de internet satelital a 6000 escuelas rurales encubre un severo perjuicio fiscal y un golpe a la soberanía tecnológica`
A pesar de presentarse como una «donación», el convenio exige que el Estado aporte 12 millones de dólares provenientes del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), que está diseñado para financiar la inclusión digital local y no para subsidiar el despliegue inicial de una multinacional privada.
El aporte del Estado supera los 10 millones de dólares comprometidos por la propia firma transnacional.
La distorsión económica más grave se consolidará _a partir del tercer año, cuando el Estado comience a pagar a Starlink un canon mensual de 160 dólares por escuela. Este valor triplica la tarifa de entre 60 y 70 dólares con la que la empresa estatal ARSAT brinda exactamente el mismo servicio satelital_
Desde la premisa de la libre competencia, la gestión gubernamental convalida un sobrecosto desmedido que margina la capacidad satelital propia y transfiere recursos públicos a un actor privado.
A esta sangría presupuestaria se suma una absoluta opacidad administrativa, ya que el contrato se cerró de manera directa, sin licitaciones públicas, concursos de precios ni auditorías sobre la calidad del servicio o la localización de las escuelas beneficiarias. Lejos de garantizar una democratización federal de la conectividad, la medida desmantela el desarrollo técnico-comunicacional argentino y compromete la autonomía tecnológica del país en favor de intereses corporativos extranjeros.-
● El Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), es un instrumento, concebido por ley (N° 27.078) y se financiaba con el 1 % de los ingresos de las empresas de telecomunicaciones para promover la conectividad en zonas alejadas, costando CERO al erario público, y potenciar la infraestructura local, y ahora lo desvían de su función de fomento, para subsidiar el ingreso y posicionamiento de un actor privado extranjero.
Fue disuelto (obvio por Milei), mediante el Decreto 6/2025 con el argumento de “mejorar el control y la eficiencia en la administración de los recursos públicos”
● El costo total de las antenas Starlink es de casi un millón de dólares para las 6000 escuelas. Y el costo mensual ilimitado actual es de u$s 40; es decir, que alguien se queda con los 20 millones de dólares de Instalación más los 10 millones anuales de sobreprecio en la tarifa. Una forma mas de terminar con ArSat.
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